¿Tiene futuro la “Ley Name” sobre noticias falsas?

No necesitamos una ley como esa para reducir la maldad con la que se utilizan las redes sociales en nuestro país.

Todo político que se siente calumniado – sea cierto o no lo que se diga de él – acude a los jueces. Y cada opositor y cada voz crítica debe separar en su agenda unas tediosas horas mensuales de comparecencia en los juzgados para defenderse, en una espiral kafkiana interminable y agotadora. Pero ¿qué hay de los que son atacados en las redes sociales sin que se conozca la identidad del autor de la información que circula de muro en muro y de trino en trino? ¿Qué se puede hacer?

Por cuarta vez, el congreso discutirá otro intento para regular los contenidos en Internet y solucionar el agudo dolor de cabeza de las noticias falsas. El proyecto de Ley radicado por el senador José David Name busca – dice él – dotar de herramientas a los ciudadanos para defender su honra cuando ésta sea vulnerada en redes sociales desde cuentas falsas, amparadas en el anonimato y sin pruebas ni soportes.

Debido a que la casi totalidad de propuestas de este tipo en el mundo entero se caen porque suelen amenazar la libertad de expresión, el senador Name excluyó del alcance de la norma a los medios de comunicación y a cualquier cuenta cuyo autor esté claramente identificado. Sólo aplicaría para cuentas falsas, de esas que se fabrican en las famosas granjas digitales o que funcionan a nombre de autores anónimos. El problema es que pone en hombros de las plataformas (Google, Facebook, Twitter, etc.) la tarea de recibir la solicitud de cualquier ciudadano, determinar si éste tiene razón y proceder a eliminar la información falsa en las siguientes 72 horas. Así nada más; sin orden judicial, tal como se hace en Alemania actualmente.

El abogado Lorenzo Villegas, ex director de la Comisión de Regulación de las Comunicaciones, cree que esta iniciativa, como las que lo intentaron anteriormente, naufragará, debido a su problemático punto de partida: la necesidad de que Internet sea censurado. “El remedio es peor que la enfermedad”, dice.
El problema de las noticias falsas es un hueso duro de roer. Cada vez que un caso concreto llegó a los estrados judiciales, la Corte Constitucional falló en favor de preservar el derecho a la libertad de expresión y desestimó todas las solicitudes de eliminar por vía judicial información en Internet. A nivel continental la situación es más o menos similar. La Relatoría Especial de libertad de expresión de la OEA ratificó el mismo principio en 2013.

Si hay un país en donde se necesita con urgencia una cultura decente en el uso de Internet es Colombia, famosa por las encendidas gazaperas diarias en Twitter.

En Europa, durante los últimos dos años causó verdadera ira la injerencia de campañas rusas orquestadas desde Facebook para torcer los resultados electorales mediante noticias falsas y, en consecuencia, se anunciaron medidas drásticas. Pero en abril pasado, la Comisión Europea decidió atender las recomendaciones de un equipo de 39 expertos del más alto nivel, desistió de establecer leyes contra las noticias falsas, y se consoló con una política de educación del público y de autorregulación de las plataformas de Internet. Sin sanciones punitivas, porque entendió que más allá de las buenas intenciones políticas, no hay manera de aplicarlas realmente y es difícil encargar a un organismo la tarea de establecer qué es verdad y falsedad.

No obstante, algunos países intentaron leyes propias. En España, una propuesta concreta del Partido Popular y otra del PSOE se hundieron. En Francia, el presidente Macron logró establecer normativas que sólo tienen vigencia durante los periodos electorales. Recientemente, el gobierno italiano creó un portal Web de la policía, en donde los ciudadanos pueden denunciar noticias falsas, pero el desenlace queda en manos de la investigación policial, y en Irlanda está en curso un proyecto de ley que penalizaría con multas y cárcel a quienes utilicen “bots” (redes de cuentas falsas) para hacer política.
La principal ley en pie actualmente es la famosa NetzDG en Alemania, que obliga a Facebook y Google a retirar contenidos xenófobos, racistas o constitutivos de delitos contra la democracia, en un plazo de 24 horas, cada vez que una solicitud ciudadana sea recibida. La sanción de 50 millones de euros por cada caso que no sea atendido fue motivo suficiente para que Facebook contratara más de mil moderadores en ese país, para revisar el contenido de los muros de esta popular red social.

El abogado Lorenzo Villegas, ex director de la Comisión de Regulación de las Comunicaciones, cree que esta iniciativa, como las que lo intentaron anteriormente, naufragará, debido a su problemático punto de partida: la necesidad de que Internet sea censurado.

Pero la ley NetzDG identifica en detalle el tipo de información que puede ser denunciado, y gira fundamentalmente alrededor de asuntos políticos y sociales, como la xenofobia o la incitación a la violencia política. Y en Europa la preocupación sobre las noticias falsas se enfoca claramente en el impacto político de estas en los procesos electorales. El proyecto de Ley de David Name, en cambio, parece estar más orientado a combatir la difamación de los ciudadanos. “¿Cuántos jóvenes se han quitado la vida por difamaciones y matoneo en las redes sociales?”, pregunta el congresista. Y agrega un punto nuevo en el debate: “¿Por qué en Europa sí le han puesto tatequieto a Google y a las redes sociales, no solo por las noticias falsas sino por la venta de los datos de sus usuarios, y aquí no hemos hecho nada?”

Para quienes se oponen a la regulación sobre los contenidos en Internet, los problemas de noticias falsas deben solucionarse mediante los mecanismos judiciales existentes, por ejemplo, denuncias antes los jueces por injuria y calumnia. Que es, de hecho, lo que viene sucediendo, y lo cual ha desatado una paquidérmica fila de procesos judiciales en curso. El problema con normas de protección al “buen nombre” de los ciudadanos es que cualquiera que se sienta atacado en Internet apelará a ellas, y no hay manera de impedir que un gobierno autoritario, un empresario influyente o un líder político poderoso intenten utilizar este mecanismo para censurar las críticas. Se ve a diario.

Por otra parte, cualquier ley que sea propuesta tendrá el sabor de un “ministerio de la verdad” o, peor aún, de una privatización de la justicia, que es lo que ocurre cuando se deja en manos de empresas como Google o Facebook el poder de decidir lo que publican o eliminan de sus plataformas. Y estas compañías han manifestado claramente que no desean asumir semejante tarea. No es su negocio.
Actualmente en Colombia las plataformas tecnológicas no están obligadas a verificar la veracidad de la información. “Nuestro motor de búsqueda es un mero indexador de contenidos publicados por terceros, y son esos terceros los responsables por sus contenidos”, sostiene Ana Lucía Lenis, gerente de asuntos públicos de Google para la región andina. Para esta compañía, la obligación de eliminar contenidos presuntamente injuriosos basados en una notificación privada estaría lejos de ser una forma eficiente de protección de la libertad de expresión.

Facebook se encuentra en similar situación. No tiene por qué verificar nada, pero participa voluntariamente en una iniciativa periodística de verificación de noticias falsas (con La Silla Vacía, Consejo de Redacción y Colombia Check). Y la semana pasada habilitó un botón que ofrece contexto acerca de cada noticia, como la descripción de Wikipedia sobre el autor, artículos relacionados y cuántas veces se ha compartido dicha información. Es todo cuanto puede hacerse por ahora.

La representante a la Cámara Margarita Restrepo prepara por estos días la nueva versión de un fallido proyecto de ley que ella presentó el año pasado y se hundió sin debate. Su propuesta es penalizar con uno a dos años de cárcel a los creadores de cuentas falsas, y piensa promover una “pacto ciudadano” para el buen uso de las redes sociales. Entre tanto, el proyecto de ley de Name ya está en la comisión sexta y será discutido durante la presente legislatura, por representantes de partidos políticos que extraoficialmente han utilizado las noticias falsas en sus estrategias electorales. Todo el mundo lo sabe. Si hay un país en donde se necesita con urgencia una cultura decente en el uso de Internet es Colombia, famosa por las encendidas gazaperas diarias en Twitter. Nadie desconoce la magnitud del problema, pero nadie tiene, por ahora, una fórmula viable.

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