Se cierra el cerco sobre los teléfonos

Francia prohibe el uso de smartphones en los colegios. Uganda discute proyecto de ley de impuesto al uso de redes sociales. ¿Se pone de moda reducir la adicción al celular?

El anuncio de Apple la semana pasada, acerca de una nueva característica en la próxima versión de iOS 12 que ayudaría a los usuarios a limitar el tiempo de uso de los iPhone, es solo una más de las medidas que están adoptándose en el mundo para combatir la enfermiza dependencia que la gente tiene de su teléfono móvil. Motorola dio el primer aviso, con su campaña “Phonelifebalance”  y un test para establecer el nivel de dependencia. Motorola además anima un concurso entre desarrolladores de apps, para proponer aplicacioens que ayuden a reducir la adicción.

Posteriormente Google, en su conferencia anual, anunció que incluirá en la próxima versión de Android un sistema para monitorear el uso del teléfono y poenr límites a las apps más nocivas, como las redes sociales.

La adicción de las personas es un tema alarmante. Ya empiezan a aparecer métodos de desintoxicación digital

Pero no sólo la industria se mueve en esa dirección. El gobierno de Francia está a punto de cumplir una promesa de campaña del presidente Macron, que prohibirá tajantemente el uso de teléfonos en las institucioens educativas. Desde 2010 está prohibido usarlo en clase, pero la nueva norma extenderá la veda a todo el día. Los mayores de 15 años no estarán cobijados por la medida, que entrará en vigor cuando comience el próximo periodo escolar, en agosto. “Los teléfonos móviles son un avance tecnológico, pero no pueden monopolizar nuestra vida”, dijo el ministro de Educación, Jean-Michel Blanquer, a los medios de comunicación franceses.

Y en Uganda, el gobierno promueve un proyecto de ley para poner un gravamen sobre las interacciones de los ciudadanos con las redes sociales. Suena un tris rocambolesco, pero demuestra hasta donde se puede legislar. Cada vez que un usuario publicque algo en Facebook o envíe un mensaje en Whatsapp, se le caragrá una pequeña cifra a su declaración anual de impuetsos. Los cálculos del gobierno indican que al año un ciudadano promedio pagaría algo más de 20 dólares. Los recursos servirán para financiar proyectos de infraestructura. El proyecto ha causado polémica, porque no es claro cómo se monitoreará a cada ciudadano, y las implicacioens que estos tendría en la privacidad y los derechos civiles.

La adicción de las personas es un tema alarmante. Ya empiezan a aparecer métodos de desintoxicación digital, como el que propone José Luis Orihuela, reconociioo periodista español especializado en redes sociales.

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