Hay que hacer cambios en el marco regulatorio de las telecomunicaciones y la televisión en el país, pero no los cambios que propuso el senador Mario Fernández.

Es poco probable que sobreviva el proyecto de ley que reformaría al regulador de telecomunicaciones en Colombia. Los cambios introducidos por el ponenete en el senado, Mario Fernández, hicieron fracasar la iniciativa original del gobierno, que consistía en unificar la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) y la Comisión de Regulación de las Comunicaciones), para hacer más ágil y moderno el marco regulatorio en el país.

El senador Mario Fernández introdujo varios cambios problemáticos, como la disolución del fondo de televisión, con lo que se pondría en peligro la financiación de los canales públicos, y quitó dientes al nuevo organismo regulador, con loq eu dejaría sin poder real a las autoridades para controlar abusos de los operadores, entre otras modificaciones.

Durante la presente semana se definirá el futuro de un proyecto de ley que puso a pelear al gobierno con el gremio de empresas del sector TIC. El agarrón se presentó la semana pasada, a raíz del fallido intento de unificar la regulación de las telecomunicaciones y la televisión en un único organismo, y alrededor del cual tuvo origen una ardorosa polémica por la amenaza a la financiación de la televisión pública que contiene el proyecto de ley, presentado en el Congreso por el senador Mario Fernández.

En realidad, no se trata de una ley destinada a poner fin a la televisión pública, como se difundió en redes sociales, sino de una reforma institucional del sector de las telecomunicaciones con la que, en principio, todo el mundo está de acuerdo. El país no puede seguir regulando la televisión por un lado y las telecomunicaciones por otro, puesto que los cambios tecnológicos y las tendencias de la cultura digital han convertido en uno solo, el negocio de transmisión de contenidos audiovisuales, la prestación de servicios sobre Internet y las telecomunicaciones. Un capítulo de La casa de papel y una llamada telefónica llegan al celular sobre la misma plataforma tecnológica. La TV como un mundo aparte, que se consume en un televisor y circula a través de ondas electromagnéticas, es ahora solamente una de las formas del negocio, que debe coexistir con el cada vez más popular “streaming” (transmisión sobre Internet, u OTT como se conoce técnicamente a las empresas que ofrecen este tipo de servicio) y que llega a múltiples pantallas, incluyendo teléfonos inteligentes, tabletas y computadores. Los canales tradicionales de televisión abierta pierden audiencia frente a servicios de “streaming” como Netflix, que se consumen de una manera diferente, sin parrilla, a cualquier hora y en cualquier dispositivo, y el negocio audiovisual ya no está en manos solo de canales de televisión privados y operadores de cable, sino de empresas de tecnología que se están apoderando del mercado gracias a la preferencia del público por este tipo de plataformas.

Desde octubre del año pasado el MinTIC llevó al Congreso un proyecto de ley en ese sentido, el cual, al parecer, gozaba de consenso. Pero el proyecto que el ponente Mario Fernández presentó a consideración de la Comisión Sexta del Senado dista mucho de la iniciativa original radicada por el ministerio hace ocho meses. El senador Fernández introdujo cambios sustanciales, como la desaparición del Fondo de TV, con el que se financian parcialmente los canales públicos (Señal Colombia, TelePacífico, etc.) y que se nutre con un impuesto que el Estado cobra actualmente a los canales privados y a los operadores de cable. Este fondo quedaría fusionado con el fondo de TIC, que se alimenta de un impuesto a los operadores de telefonía celular. En el nuevo fondo unificado, según el proyecto de ley, no está consagrado explícitamente cuánto se destinará para subsidiar a los canales públicos y se establece que éstos deberán presentar proyectos que entrarían a competir con los proyectos del sector TIC. El gobierno, los canales públicos y gremios de artistas y productores pusieron el grito en el cielo, y el ministerio de TIC pidió al congreso retirarlo, en defensa del interés público.

El presidente de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, Alberto Samuel Yohai, como vocero del sector privado ha defendido el proyecto a capa y espada y considera que es imprescindible para asegurar la competitividad de las empresas, cuyos ingresos han disminuido dramáticamente, y calificó de esquizofrénico al gobierno porque en abril le puso mensaje de urgencia al proyecto y la semana pasada pidió retirarlo. El proyecto de ley propone reducir a 1,9 la contraprestación que las empresas pagan para alimentar el nuevo fondo único convergente. Para Yohai, la creación de un organismo regulador único es esencial para la reactivación del sector TIC y considera que la inseguridad jurídica desincentiva las inversiones en telecomunicaciones. Actualmente los canales privados y los operadores de cable deben rendir cuentas hasta a cinco entes regulatorios: la CRC, la Autoridad Nacional de Televisión, la Agencia Nacional del espectro, la Superintendencia de Industria y Comercio y el MinTic. “El sector TIC y audiovisual presenta nueve trimestres continuos de decrecimiento, y esta es una medida apropiada para generar tendencias positivas, al contar con una única autoridad que genere seguridad jurídica para fomentar las inversiones necesarias”, sostuvo Sergio Valdés, gerente de regulación de Directv.

Pero, ¿salvar a los canales privados y a los cable operadores exige desfinanciar a la televisión pública? El ministro de TIC Juan Sebastián Rozo piensa que no. “Vamos a proteger la televisión pública, por eso no unificamos los fondos y mantenemos ese fondo exclusivo de la televisión publica y vamos a mantener la contraprestación tal como está”. Actualmente los cableoperadoras grandes (los que prestan servicio en municipios de más de 100.00 habitantes) aportan a ese fondo el 5.9 por ciento de sus ingresos y los pequeños (que operan en municipios de menos de 100.000 habitantes), aportan el 1.4 por ciento. “Reducir esa tasa al 1.9 por ciento para todos los cable operadores, como propone el proyecto de ley, implicaría un déficit de 120.000 millones de pesos en los próximos seis años”, sostiene el ministro Rozo.

En el mundo existen varios modelos de financiación de los canales públicos. En varios países se financia con cargo al presupuesto nacional, como en Brasil. En el Reino Unido la televisión pública es financiada por un impuesto a los televisores, que cada consumidor paga al momento de comprar el aparato en las tiendas. En Alemania, Suecia y Noruega los ciudadanos pagan un impuesto anual en su declaración de renta, de acuerdo con el número de televisores que tiene en sus hogares. En España el modelo es igual al de Colombia, financiada con cargo a los operadores de cable y canales privados, pero más radical, puesto que la televisión pública española recibe subsidio completo y no vende publicidad. En Colombia los canales regionales tienen asegurada la mitad de su operación por cuenta del Fondo de TV y el resto deben buscarlo mediante operaciones comerciales. Y en Estados Unidos los canales públicos se financian por pauta publicitaria, tal como hacen los privados. Para Yohai “la TV pública es una parte esencial de nuestro patrimonio nacional, pero eso no significa que el modelo de financiación que se ha tenido no pueda cambiar”.

Pero cobrarle a los cableoperadores y canales privados un impuesto para la TV pública no es un capricho. El espíritu detrás de este esquema se basa en el hecho de que la televisión pública es esencial para sostener el patrimonio cultural del país, y los operadores de cable, que traen decenas de canales foráneos, estarían obligados a compensar un poco el impacto sobre la cultura nacional. “El espíritu de los canales regionales es incentivar y cultivar la idiosincrasia de las regiones, pero no podemos hacerlo sin ayuda”, dice Mabel López, gerente de Teleantioquia, que recibe el 56 por ciento de sus recursos del Fondo de TV. La exitosa serie “Debora” (diez capítulos de media hora) costó 1.500 millones de pesos. “Sin la ayuda de la Autoridad Nacional del Televisión no habríamos podido entregar ese contenido tan bonito a los televidentes”, agrega. El canal antioqueño consigue la otra mitad de su presupuesto mediante pauta publicitaria, sesión de derechos y otras unidades de negocio propias como servicios de producción y medios. Los gerentes de los canales regionales consultados consideran que no hay posibilidad en el país de financiar la televisión pública completamente con pauta publicitaria, porque la inversión de los anunciantes está concentrada en Caracol y RCN.

Durante la presente semana, las comisiones sextas de Senado y Cámara, en sesión conjunta, tendrán que decidir si aceptan la solicitud del gobierno de archivar el proyecto o aprueban darle trámite, restando apenas menos de dos semanas para que termine el último periodo de sesiones del actual congreso, que cesará funciones el 20 de junio.