¿Se acerca el final de la economía colaborativa?

Aumenta en el mundo la presión regulatoria sobre las plataformas de delivery, para solucionar el problema laboral. ¿Qué impacto tendrá?

El cómodo hábito de pedir el almuerzo a domicilio está amenazado. Las reglas de juego con las que las plataformas de delivery han funcionado están por cambiar y en un futuro cercano quizás no haya tantos repartidores disponibles para hacer las entregas. Ya ocurre en España, nación pionera en obligar a las plataformas de domicilios contratar formalmente a sus colaboradores, y en diciembre pasado Europa dio pasos radicales con el fin de lograr la regularización laboral de más de cuatro millones de trabajadores de las plataformas digitales. La Comisión Europea decidió que fijará las condiciones mínimas con las que deben ser contratadas en los países miembros, las personas que participan en el negocio de los domicilios a través de apps.

Prohibir Uber, DiDi y demás, o arruinar a Rappi y iFood sería condenar a miles de colombianos al desempleo absoluto, solo para satisfacer el reclamo de las empresas tradicionales y obsoletas de transporte.Se trata de una antigua y encendida discusión en todo el mundo: ¿Son empleados o trabajadores independientes? Las plataformas sostienen que se trata de independientes o autónomos, que no tienen relación de subordinación laboral, pueden apagar la app y encenderla a voluntad, para dedicar a estas tareas solo el tiempo que estimen conveniente, y que tales actividades constituyen un ingreso extra para la mayoría de los “asociados”, como se les denomina específicamente en el mundo de la economía colaborativa. Entre tanto, numerosos gobiernos se suman a la creciente tendencia de considerarlos en realidad como trabajadores sobre explotados, que se dedican principalmente, y en muchos casos de manera exclusiva, a esta actividad, sin devengar un salario ni gozar de las prestaciones sociales de ley vigentes para los empleados regulares. Los críticos del modelo colaborativo endilgan a los vacíos normativos la culpa del florecimiento de numerosas plataformas que estarían enriqueciendo a los fondos de inversión de riesgo internacionales. Las apps son relativamente novedosas en la economía y operan en una especie de limbo jurídico, en virtud de que no están prohibidas, puesto que este tipo de modelo de negocio no existía cuando las leyes laborales fueron establecidas en la mayoría de los países.

Numerosos gobiernos se suman a la creciente tendencia de considerarlos en realidad como trabajadores sobre explotados, que se dedican principalmente, y en muchos casos de manera exclusiva, a esta actividad, sin devengar un salario ni gozar de las prestaciones sociales de ley.Tomar posición en este debate no es tan sencillo como parece. No es “o lo uno, o lo otro”, porque hay diversos ángulos posibles de lectura. Es cierto que, en la práctica, la economía colaborativa dejó de ser una alternativa para obtener ingresos extras. La idea primigenia de poner el automóvil a rodar un par de horas al día mediante una app, para generar una entrada adicional, terminó convertida en un oficio de tiempo de completo, como consecuencia de la crisis de empleo. Tanto en España como en Colombia, el reparto de domicilios se convirtió en la única alternativa laboral para los millares de migrantes, africanos allá, y venezolanos acá.

Pero hay que advertir que la economía colaborativa es un salvavidas notable en muchos países – Colombia incluido – para miles de familias que  quedaron por fuera del mercado laboral, debido a la crisis económica. En nuestro país más de 250.000 familias subsisten de este modo y un parte de ellas obtienen más del salario mínimo mensual vigente; prohibir Uber, DiDi y demás,o arruinar a Rappi y iFood sería condenar a miles de colombianos al desempleo absoluto, solo para satisfacer el reclamo de las empresas tradicionales y obsoletas de transporte.

La economía colaborativa afronta amenazas potencialmente letales, especialmente en el terreno de la legislación laboral.

El asunto laboral es particularmente complejo. Pedirle a Rappi que contrate con todas las de la Ley a sus más de 50.000 repartidores significa enterrar inmediatamente a la empresa. Rappi es famosa porque fue el primer “unicornio” colombiano en el escenario de las startups internacionales. Un “unicornio” es una empresa de base tecnológica cuyo valoren los mercados financieros supera los mil millones de dólares, lo que – teóricamente – lo pone en la ruta del sueño digital originado en Silicon Valley. Así que explicarle al público que Rappi produce pérdidas cada mes, de alrededor de 3.000 millones de pesos, y que está lejos de su punto de equilibrio, suena hoy día como sostener que la Tierra es plana. Pero en realidad, ni la colombiana Rappi, ni UberEats, Deliveroo y Glovo (la más grandes de Europa en domicilios) generan utilidades. Van a pérdida con la meta de que algún día serán rentables. Y los fondos de inversión ponen su dinero en ellas sobre la base de esta promesa. Contratar 50.000 repartidores, con sus prestaciones sociales, es imposible para Rappi. Muy pocas compañías en Colombia tienen el tamaño y los ingresos suficientes para eso. De hecho, la empresa más grande de Colombia, Ecopetrol tiene algo más de 17.000 empleados en su planilla.

Hay una fórmula intermedia, propuesta por las empresas de economía colaborativa en Colombia. En lugar de ser obligados a contratar a los repartidores, ofrecen crear un fondo para financiar la seguridad social, bajo la figura de trabajadores por cuenta propia que cotizan Salud y pensión. De esta manera, las plataformas se ponen a salvo de la relación laboral de hecho, que es el punto que más les preocupa. Lo grave es que esta discusión tan importante, fue sepultada el año pasado en el Congreso, sin que se llega a un acuerdo.

El caso europeo es determinante, porque si llega a establecerse que los repartidores de domicilios adquieren el estatus de trabajadores formales, las plataformas deberán contratar a más de cuatro millones de personas, con todos los beneficios laborales vigentes en la Unión Europea. Podría ser el fin del modelo de negocio. En España, en donde ya se impuso por decisión del gobierno una regulación así el año pasado, conocida como “Ley Riders”, la Asociación de Plataformas de Servicios bajo demanda (APS), en la que participan Deliveroo, Glovo, UberEats y Stuart, advirtieron del impacto negativo que tendría enviar a la lona a un sector económico que aportar más de 700 millones de euros al PIB español cada año. Un análisis de Adigital, indica que de los 30.000 repartidores que actualmente operan a través de plataformas de delivery en España, cerca de 23.000 perderían su fuente de ingresos debido de la desaparición del servicio en ciudades de menos de 100.000 habitantes.

La discusión será candente a lo largo de 2022, cuando más países se sumarán al dilema de rescatar a los repartidores de la precariedad laboral y arruinar a startups emblemáticas de la economía digital, o encontrar la difícil fórmula ganar-ganar que solucione el problema.

 

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