Factura electrónica: No hay vueltas atrás

La factura electrónica trae ganancias ambientales, ahorro en los costos, eficiencia en los procesos y una nueva oportunidad de negocio: el factoring.

El paso del papel al documento electrónico deja satisfechos a casi todos los actores: a la DIAN, que espera reducir drásticamente la evasión; a los contribuyentes, que se benefician con la facilidad y rapidez que la tecnología proporciona; a los ambientalistas, por la reducción sensible de la huella de carbono; y a los operadores tecnológicos, que explotarán un negocio prometedor y de grandes dimensiones.

La DIAN confirmó que antes de la fecha final – 1 de enero de 2019 – muchos contribuyentes de diferentes sectores económicos serán obligados a implementar la facturación electrónica. Se estima que alrededor de 500.000 empresas se sumarán al proceso durante los próximo 18 meses, de tal manera que los beneficios del proyecto empezarán a verse muy pronto.

Carvajal Tecnología y Servicios ha calculado que por cada 10.000 facturas electrónicas se evita la tala de 1,2 árboles y se ahorran 3.706 metros cúbicos de agua. Eso tomando como referencia del cálculo una factura de 3 hojas, que es el promedio. Pero el impacto ambiental es tan solo una de las ventajas. El costo de facturación se reduce entre 24 y 26 %. Para una empresa como Carvajal Tecnología y Servicios, que además de operador también emite sus propias facturas electrónicamente, significa un ahorro aproximado de 100 millones de pesos al año.

Los operadores tecnológicos habilitados por la DIAN para prestar sus servicios jugarán un papel clave en el proceso. Ellos conectarán su tecnología de facturación con los sistemas contables de sus clientes – desde un sencillo software contable local hasta las potentes plataformas SAP y Oracle – y producirán las facturas correspondientes, y las entregará al destinatario del documento y a la DIAN. “El quid del asunto radica en que el operador tecnológico sea capaz de integrarse con los sistemas contables de las empresas”, explica José Rafael Prado, director global de mercadeo y alianzas de Carvajal Tecnología y Servicios, uno de los proveedores habilitados por la DIAN.

Pero el proyecto colombiano de factura electrónica viene con un valor adicional: la oportunidad del factoring. El decreto 2242 que masifica y hace obligatoria la factura electrónica, es complementado con el decreto 1349 que le confiere el rango de título valor a las facturas y con ello abre las puertas a la masificación del tradicional mercado de facturas, que existe en el país desde hace tanto tiempo. “La factura electrónica permitirá llevar el factoring a muchos clientes nuevos, especialmente las pyme, que están por fuera de ese mercado debido a los costos y al valor promedio de sus facturas”, dice Juan Esteban Estrada, gerente de administración de alianzas de Bancolombia.

De hecho, Carvajal y Bancolombia establecieron una alianza para aprovechar la mina de oro que podría ser el nuevo escenario. Carvajal es operador de facturación desde hace 20 años y Bancolombia es un jugador importante en el mercado del factoring formal, y juntos esperan llegar al menos a 350.000 clientes, el 70 % del mercado potencial inicial.

Una de las razones del reducido tamaño del mercado de factoring en el país tiene que ver con la ineficiencia del proceso de facturación, que es manual y en papel. Los expertos creen que en la medida en que el factoring se haga más ágil y eficiente, ese ahorro se trasladará a las tasas de descuento en las facturas. Actualmente la gestión de una factura en ese mercado puede tardar hasta dos semanas, pero con las plataformas de facturación electrónica, el sector financiero podrá negociarlas el mismo día en que son emitidas. En su alianza con Carvajal, Bancolombia espera potenciar sus servicios de gestión de tesorería (“Cash management“) y de factoring.

La asociación colombiana de factoring estima en 57 billones de pesos el tamaño total del mercado, pero la factura es tan solo uno de los 14 productos que componen el negocio del factoring en Colombia, pues también se transan sentencias judiciales, cesión de derechos económicos y otros tipos de títulos.

Publicado originalmente en DINERO, edición 518, mayo de 2017.

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