El ABC del proyecto de Ley que reformará las TIC en Colombia

La ministra Sylvia Constaín radicó la semana pasada en la comisión sexta, el proyecto de Ley que los empresarios del sector estaban esperando.

Quedaron satisfechos los empresarios de telecomunicaciones y TIC (es decir, Claro, Movistar, Tigo, etc.) porque el proyecto atiende sus reclamos más urgentes: un regulador único convergente, una tasa única de impuestos, licencias por treinta años y no por diez, incentivos para la inversión en infraestrcutura y redes, entre otras cosas. La financiación de la televisión y la radio públicas queda asegurada. Y se destinarán recursos para el cierre de brecha digital. Pero quedan temas importantes por fuera, de los que habalremos en otra nota. El proyecto de ley 152 de 2018 se enfoca en reajustar el marco institucional del Estado en el sector TIC. Hay un evidente atraso de los marcos regulatorios en relación con las tecnologías que hoy hacen presencia en el mercado colombiano. Hay una autoridad que regula la televisión (la ANTV) y una autoridad para el resto de las telecomunicaciones (la CRC). Este esquema es obsoleto, porque las industrias se han fusionado y entreverado de tal manera, en virtud de los avances tecnológicos y los nuevos modelos de negocio, que ya no tiene sentido regularlas por separado. Netflix compite con los canales de televisión, éstos a su vez compiten con las plataformas Web (o deberían hacerlo, al menos); la gente ve menos televisión y más streaming audiovisual en el móvil; y los operadores de telefonía también entraron al negocio de los contenidos audiovisuales, para mencionar apenas unos casos.

Se necesita – en eso estamos de acuerdo todos – un único regulador convergente, para unas TIC convergentes. Bajo el esquema actual hay decisiones contradictorias que, dicen los empresarios, les generan “inseguridad jurídica” y mucha confusión.

Lo que ocurre es que en la actualidad, cada autoridad de esas recauda recursos de las empresas para fines distintos. El fondo de televisión, que lo alimenta un impuesto a los canales y a los operadores de televisión por suscripción, sirve para financiar la televisión pública. Telepacífico, Teleantioquia, Señal Colombia y todos los demás canales públicos tienen en este fondo su principal fuente de sostenimiento. Y el fondo de TIC, que se cobra a los operadores de telecomunicaciones (Claro, Movistar, Tigo y demás) financia buena parte de los programas del MinTIC para el cierre de la brecha digital. Un único regulador administrará un único fondo, y recaudará una tasa única de contraprestación, según propone elproyecto de Ley. Recordemos que de aquí surgió el primer tropiezo durante la legislatura pasada, cuando una versión del actual proyecto fue presentada y derrotada porque no dejaba dinero para la televisión pública.

En el nuevo proyecto 152 ese punto ha sido tratado de manera más inteligente y asegura un porcentaje fijo, el mejor que hayan registrado en los últimos cinco años, de todo el fondo unificado, para financiar la TV y la radio públicas. Muy bien por ello. Se atendió un clamor y una protesta de la comunidad de canales, productores y creadores de contenido que han sido premiados por sus excelentes trabajos, mejores en la mayoría de casos a las producciones de los canales privados RCN, Caracol y Canal 1.

Y se garantiza que los recursos del nuevo fondo destinados a TIC serán invertidos únicamente en iniciativas para el cierre de la brecha digital. La Nación ya no podrá disponer de ellos para propósitos diferentes.

Y en cuanto a infraestructura y espectro, el proyecto de Ley busca satisfacer una demanda de las empresas: ampliar las licencias de operación de diez años en la actualidad, a treinta años. Las telcos se quejan de que en diez año es imposible recuperar las cuantiosas inversiones que deben hacer en los despliegeus de redes. Una multa tan cuantiosa como la que debieron pagar el año pasado Claro y Movistar porque no devolvieron las redes que les fueron concesionadas, no volverá a ocurrir. Y eso, desde luego, los deja aliviados.

El contempla el reordenamiento de normas que impiden en la actualidad el despliegue de redes y antenas. Ya no podrá impedirse más la instalación de antenas.

La ministra TIC, Sylvia Constaín, ha declarado públicamente que se consolidará un matrimonio entre el sector público y privado que tendrá un solo objetivo: conectar a todos los colombianos y “conectarlos bien”. Es decir, se crearán las condiciones para que aumente la inversión, lo cual debería reflejarse, según su lógica, en el cierre de las brechas digitales, por la ampliación de la cobertura y el incremento de los recaudos de impuestos que una industria más grande y exitosa tributará.

La ministra Constaín anunció que se promoverá la generación de contenidos multiplataforma de interés público en las regiones, se fortalecerá la televisión y la radio públicas y se modernizará y simplificará la institucionalidad que gobierna al sector de las TIC. Falta ver el trámite que tendrá el proyecto en el Congreso, los cambios que podría sufrir allí por efecto de la presión (o “lobby) de empresas y empresarios interesados en modificarlo. Y de puntos de vista contradictorios que podrían enfrentarse en el debate.

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