En medio de fuertes discusiones y tras enfrentar una feroz resistencia, el gobierno sacó adelante el proyecto de modernización de las telecomunicaciones, con el que espera promover un salto tecnológico enorme en el país.

No fue nada fácil convertir en Ley el proyecto de modernización del sector TIC. Desde la primera versión radicada por el gobierno el 19 de septiembre del año pasado el texto sufrió sucesivas modificaciones, en la medida en que la ministra Sylvia Constaín escuchaba a los congresistas y recogía impresiones de la población durante los numerosos eventos de socialización que tuvieron lugar en las regiones. La semana pasada, las plenarias de Senado y Cámara aprobaron el proyecto, al que solo le falta la sanción presidencial para convertirse en Ley, y poner en ejecución una de las iniciativas bandera del gobierno de Iván Duque.

En esencia, la Ley está orientada a incentivar la inversión privada en infraestructura de telecomunicaciones y facilitar el despliegue de redes de última generación, con lo cual se espera mejorar la conectividad en todo el territorio nacional y llevar los beneficios de la banda ancha a los veinte millones de colombianos que todavía no gozan de ella. Para el gobierno, la conectividad plena es requisito de primer orden en los esfuerzos por reducir la brecha digital y mejorar la competitividad del país. Los operadores de telecomunicaciones se han quejado por años de las llamadas asimetrías tributarias y regulatorias que afrontan, como la financiación del fondo de telecomunicaciones y, en el caso de los canales privados de televisión y de los operadores de cable, los aportes al fondo de televisión pública, frente a servicios de streaming que corren sobre Internet, como Netflix, que no tributan en el país. Las inversiones en expansión de redes habían descendido en los últimos años, porque los operadores querían condiciones más favorables para su negocio y la Ley se las otorga, pues establece que a partir de ahora las licencias de espectro se concederán por un plazo de veinte años prorrogables, y no de diez, como antes, lo cual debería hacer más atractivo al país para la inversión privada en el sector, al garantizar una mejor tasa de retorno.

Otro punto fuerte de la Ley es la creación del regulador convergente, que fusiona a la Autoridad Nacional de Televisión con la Comisión de Regulación de las Comunicaciones, en respuesta a la realidad de la evolución tecnológica mundial. Ya no es posible manejar por separado televisión y telecomunicaciones, porque ambas forman un solo proceso de negocio y de tecnología.

La televisión pública, que había sido la principal piedra en el zapato del proyecto, quedó a salvo, gracias las modificaciones introducidas al proyecto durante los álgidos debates que tuvieron lugar en el congreso y fuera de él. La Ley fortalece los canales regionales con mayores recursos; ahora tienen un mínimo garantizado, que no será en ningún caso menor al que hayan recibido este año, y que se actualizará anualmente con base en el IPC, lo cual les permite hacer planeación presupuestal; y, adicionalmente, introduce recursos nuevos para la generación de contenidos multiplataforma. Y los canales regionales quedaron satisfechos con la fórmula adoptada. Mabel López, gerente de Teleantioquia, y quien había liderado las resonantes quejas de los canales regionales cuando se conoció una versión anterior del proyecto que amenazaba la financiación de la TV pública, dijo que “la televisión pública sale fortalecida, nosotros entregamos una carta a la ministra y al presidente Duque en la que expresamos nuestros temores y fueron tenidos en cuenta en esta nueva ley, y nos sentimos tranquilos”.

Las críticas persisten

Pero no todo el mundo quedó feliz. Las bancadas de oposición mantuvieron su postura en contra hasta último momento y anunciaron que demandarán la ley ante la Corte Constitucional, por afectación al patrimonio público. Una de las críticas más fuerte que recibió el proyecto es que causaría detrimento fiscal debido a que reduce el valor de las contraprestaciones que deberán pagar las empresas que ganen las licencias de utilización del espectro electromagnético. La filosofía detrás de este polémico punto de la ley es que, en palabras de la ministra Constaín, el espectro es un activo que no debería usarse para maximizar el ingreso financiero, sino para maximizar el bienestar social. Los operadores que ganen las licitaciones deberán hacerse cargo de garantizar el cierre de la brecha digital, asegurando que conectarán a las personas más pobres y a los territorios más alejados. En teoría, la conexión de “última milla”, es decir, la que llega hasta los hogares, debería quedar garantizada por la acción de las empresas privadas. Los opositores no creen en este modelo.  “La reducción de la brecha digital queda sometida a la lógica de un negocio; es como creer que el mercado puede resolver los temas de pobreza”, afirma el senador Verde Antonio Sanguino, una de las voces que se opuso con mayor fuerza en el Congreso. La experta Carolina Botero se suma a esta crítica. “No importa las gabelas que les des, no puedes forzar a una empresa a que se quiebre, y la realidad es que en todos los países hay últimas millas y brechas digitales que no son negocio, incluso en Estados Unidos y Alemania”.

Hubo mucha discusión alrededor de este punto, que está en la espina dorsal de la nueva Ley. Las bancadas de Cambio Radical y del Partido Liberal participaban inicialmente de esta crítica, aunque finalmente terminaron apoyando al gobierno; y al Congreso fueron llevadas propuestas originadas en la sociedad civil, que planteaban, por ejemplo, la introducción de un marco legal para las redes comunitarias, quizás las únicas que podrían resolver, sin modelo de negocio detrás, la ausencia de conectividad en ciertas zonas rurales actualmente desconectadas, tal como existen hoy en México y en Argentina. “Este tipo de redes serían la solución a la conectividad que quiere la ministra, pero se perdió esa oportunidad”, sostiene Botero, quien logró que los congresistas escucharan a líderes comunitarios de Ulloa (Valle) y Buenos Aires (Cauca) quienes están poniendo en práctica las primeras experiencias de este tipo en el país.

El regulador convergente fue otro tema que causó discusiones. A partir de ahora la ANTV y la CRC se funden en un único organismo rector del sector, pero que funcionará mediante la figura de dos salas; la primera, conformada por tres comisionados – uno en representación de los canales regionales, uno de la sociedad civil y uno del sector audiovisual – se encargará de los contenidos audiovisuales y asumirá las tareas de la actual ANTV; la segunda, con cinco miembros, continuará con las funciones de la actual CRC.

5G muy cerca

Con la entrada en vigor del nuevo marco normativo se despeja el camino para el despliegue de redes de quinta generación, que prometen revolucionar la economía y las comunicaciones. Ya está en marcha el proceso de asignación de espectro en las bandas de 700, 900 y 2500 MHz, que son necesarios para las redes 5G y que serán entregados antes de finalizar el presente año. De tal manera que en algún momento de 2020 los colombianos empezarán a disfrutar de estas tecnologías. “Lugares que hoy no están conectados van a tener conectividad, y eso es un cambio fundamental en términos de oportunidades para la población” sostiene la ministra Sylvia Constaín. La banda ancha permite llevar servicios de telemedicina y educación, así como numerosas alternativas de crecimiento personal y competitividad para los negocios.

Tras la aprobación del proyecto hubo diversas reacciones. El exministro de TIC Juan Sebastián Rozo, cree que hay que pasar la página y empezar desarrollar esa política pública, aun con las reservas que puedan tenerse respecto de algunos puntos. “La mayor inversión va a traer mayor conectividad y mejor servicio, no hay duda”. afirma. Antonio Sanguino, por su parte, insiste en que es viable demandar la Ley ante la Corte Constitucional. La ministra de TIC, entretanto, celebró la victoria destacando que desde la primera versión hasta lo que se aprobó finalmente, “se trata de una ley muy fortalecida que responde a las inquietudes de distintos sectores”.

Publicado originalmente en Revista SEMANA, edición 1936, junio de 2019