Sesgos y pésima planeación en el piloto de vigilancia biométrica realizado en el sistema de buses de Bogotá. El fracaso de una costosa implementación tecnológica.

El trabajo de la Fundación Karisma es valiente y a veces ingrato: ponen el dedo en las llagas que el estado quiere tapar en materia de ciberseguridad y deben cuestionar políticas y tecnologías que la opinión pública suele creer positivas y plausibles. Esta vez han dado en el blanco con su estudio sobre el sistema de videovigilancia biométrica que planeó instalar la gerencia de Transmilenio, el sistema de transporte público de la capital colombiana.

Las cámaras fueron instaladas en fase piloto en 2015, anunciadas con trompetas, y después de una cuantiosa inversión, el proyecto al parecer fue abandonado.

Transmilenio probó un fallido sistema de vigilancia biométrica.

“Encontramos que a la hora de diseñar las políticas públicas para implementaciones de este tipo, se está ignorando el análisis del impacto o afectación de derechos humanos”, es una de las principales advertencias del reporte. Cuando a un ciudadano le dicen que van a instalar un sistema de vigilancia para mejorar la seguridad en cualquier espacio público, su primera reacción es apoyarlo incondicionalmente. ¿Quién no quiere caminar por las estaciones del sistema de buses sin tener que ocultar el teléfono bajo la ropa interior?

El problema radica en que ponía en riesgo los derechos de los ciudadanos. Así de simple. “aun cuando el sistema nunca haya entrado en funcionamiento, sí se trata de un proyecto paradigmático de cómo se concibe la utilización de tecnologías de vigilancia y sistemas de identificación biométrica, donde las consideraciones principales son técnicas y no se realizan estudios de impacto, necesidad y proporcionalidad o posibles afectaciones al ejercicio de derechos humanos”, reza el documento.

Las cámaras de video están por todas partes. Los concejales piden a gritos que s einstalen más de ellas en todas las calles de la ciudad y, de hecho, han sido útiles para identificar criminales. Nadie puede cuestionar eso. En Bogotá se invirtieron el año pasado 75.000 millones de pesos en cámaras.

Pero “en Colombia, los diferentes escándalos en los que se han visto involucradas diferentes agencias de inteligencia que han abusado de los sistemas de vigilancia de las telecomunicaciones, demuestran las graves consecuencias que el abuso de sistemas de vigilancia masiva y selectiva (incluidos sistemas de videovigilancia), pueden tener para los derechos humanos si no hay veeduría, control y una legislación enfocada en la priorización de los derechos humanos a la intimidad, a la libertad de expresión y a la no discriminación y estigmatización”.

En Colombia los datos biométricos se consideran datos sensibles por la Ley de Protección de Datos (Título III, artículo 5). Este tipo de datos requiere un tratamiento especial que pasa por la autorización explícita del tratamiento de dicha información y la imposibilidad de que estos datos se suministren a terceros sin autorización. Teniendo en cuenta estas garantías consagradas en la ley, es entendible la dificultad que representa asumir la responsabilidad por el manejo de la información biométrica que es necesaria para la operación de este sistema. La implementación de una base de datos, al afectar derechos fundamentales, obliga en primer lugar a su creación mediante una ley.

La Fundación Karisma cuestiona también el hecho de que al parecer hubo un sesgo discriminatorio en la localización de las cámaras durante la fase de pruebas, como por ejemplo instalarlas en zonas geográficas en donde se mueve población de menores recursos económicos.

En su columna en El Espectador, Carolina Botero, de la Fundación Karisma, explicó el fracaso delproyecto en los siguientes términos: “Procesar la información biométrica de los millones de usuarios diarios de Transmilenio no debería ser un tema tomado a la ligera. De hecho, el proyecto no vio la luz porque no había una base de datos para contrastar los millones de imágenes que recogerían. Sin la base de datos con la información biométrica de las personas a las que se quería buscar, el sistema es inútil”.

Así de simple, según la denuncia de Karisma: se inatalaron las cámaras pero no se instaló una base de datos para contrastar lo que las cámaras poderosas filmaban, así que el sistema no sirvió para nada.