Uber y Rappi, en limbo jurídico durante diez meses más

Pasarán todavía al menos diez meses de limbo jurídico mientras el gobierno prepara un proyecto de ley para regular el funcionamiento de las plataformas tecnológicas y poner fin al conflicto de los taxistas y Uber.

Son varios años de lo mismo: taxistas protestando contra las plataformas digitales de transporte y gobiernos prometiendo que solucionarán definitivamente el conflicto algún día. Han pasado ocho años desde la primera manifestación de los gremios tradicionales del transporte en contra de Uber, lapso en el que han sido puestas varias demandas en los estradod judiciales y sucesivos ministros anunciaron iniciativas para poner fin al problema. Y, no obstante, nadie sabe todavía si es legal o no en Colombia prestar servicios de transporte mediante las populares aplicaciones de teléfono.

Con ocasión de la protesta de taxistas la semana pasada en varias ciudades, el gobierno prometió que en menos de diez meses estará listo un proyecto de ley, redactado en conjunto por los ministerios de Tic, Transporte y Comercio, para regular la economía colaborativa, como se conoce a los modelos de negocio basados en plataformas tecnológicas que promueven el intercambio libre de servicios entre ciudadanos, tipo Uber, Rappi o Airbnb. El Plan Nacional de Desarrollo estableció un plazo de un año para regular el tema, y han transcurrido dos meses desde que el Plan se convirtió en ley; Los tres ministerios ya están trabajando en el tema y, según confirmó el viceministro de Tic, Jehudi Castro, el gobierno tomará contacto con congresistas del Partido Verde y del Centro Democrático que se sabe están preparando también iniciativas legislativas en el mismo sentido, y que serán radicadas el 20 de julio, cuando comience el nuevo periodo de sesiones del Congreso. La idea es unificar – si es posible – los proyectos en uno solo. “La inacción no es una opción”, dijo el viceministro Castro.

El problema de fondo es qué tipo de regulación necesita la economía colaborativa, o si necesita ser regulada. Para el gobierno, el motivo principal es resolver los problemas laborales que estas plataformas generan. Rappi, el emprendimiento digital más exitoso originado en Colombia ha sido foco de protestas de personas que trabajan con la aplicación, debido a la carencia de seguridad social y a las condiciones precarias en las que muchos de ellos realizan su labor. Pero Rappi no es una empresa de tipo tradicional que contrata trabajadores para repartir domicilios. Ni Uber es una empresa de transporte que contrata conductores para que manejen su flota de vehículos. Solo poseen la plataforma tecnológica, incluida una aplicación para los teléfonos, desde la cual los ciudadanos intercambian servicios directamente, sin intermediación de empresas tradicionales. Ese es un concepto que a nivel mundial fue reconocido como disruptivo en la economía, pero es también una papa caliente para los gobiernos. Estas plataformas no estarían obligadas a brindar contratos laborales ni hacerse cargo de la protección social, salvo la de sus empleados directos que trabajan en la operación de la compañía, los cuales suelen estar bien pagados, pues en su mayoría son profesionales tecnológicos, desarrolladores de software y ejecutivos de mercadeo.

“Someter a este tipo de emprendimientos a las reglas actuales del mercado laboral es someterlos a la desaparición”, sostiene María Fernanda Quiñónez, directora de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. Para ella, las premisas sobre las que estos emprendimientos fueron creados no obedecen a las normas de la economía tradicional. “No se puede regular con la regulación laboral actual”. La Cámara propone que se establezca un régimen especial para este sector, en el que las personas que prestan sus servicios allí deberían hacerse cargo de sus propias contribuciones a la seguridad social bajo el modelo de trabajadores de bajos ingresos.

Lorenzo Villegas, abogado experto en derecho digital, va más allá y pone en duda que se necesite una regulación en este momento. “Imaginemos que cuando salieron los computadores hubiera salido una regulación para proteger a las máquinas de escribir; no es razonable simplemente proteger mercados tradicionales”, sostiene. No son pocos quienes consideran que el nuestro es un país sobre regulado. El mismo ministerio de Transporte piensa eso y hay casos hasta cómicos, como una regulación que expidió hace siete años la Aeronáutica Civil para controlar el uso de drones, cuando prácticamente no los había en el país. Esa regulación, que está vigente, impediría a Amazon prestar en Colombia los servicios de entrega de mercancías con drones que ya tiene en operación en Estado Unidos y que causan sensación a nivel mundial.

El viceministro de economía digital, Jehudi Castro, reconoce que el proyecto de ley tendrá que considerar la naturaleza específica de los emprendimientos digitales. “El marco legal actual no se ajusta a la innovación que ha hecho Rappi y la solución no es forzarlos a ellos a un marco legal actual; por eso decimos que podemos tener que hacer ajustes en la ley, o en decretos o en resoluciones”, dijo.

Con la formidable riqueza que suelen amasar los genios de la innovación digital y la alta valoración que logran estas empresas, es inaceptable para la opinión pública que los usaurios de dichas plataformas vivan desprotegidos y trabajen en condiciones tan duras.

Pero una cosa piensa el MinTic, con funcionarios que son expertos en tecnología y partidarios de la innovación, y otra cosa piensa MinTransporte. Esa duplicidad de miradas al interior del gobierno viene desde hace varios años y el actual, aunque no lo reconozca, mantiene viva esa contradicción interna. Hace menos de dos meses, el ministerio de Transporte expidió un decreto que, en opinión de expertos, viola el principio de neutralidad tecnológica que el MinTic defiende, al imponer requisitos habilitantes para las plataformas.

El gobierno ofrece por el momento una respuesta salomónica que no deja satisfecho a nadie. MinTic se aferra al principio de neutralidad tecnológica, que le impide prohibir apps o plataformas de servicios o contenidos, pero advierte que los negocios que se presten bajo estas aplicaciones deben ajustarse a la ley que rige cada sector económico. Así que Uber sería legal, pero su servicio no. ¿Cómo entender esto?

La llamada economía colaborativa tiene dos caras. Una es la de emprendimientos innovadores y exitosos, que logran atraer el interés de los grandes fondos de inversión, y que están en camino de revolucionar la economía. Rappi recibió hace poco 3.000 millones de dólares para financiar su expansión en Latinoamérica. Pero es difícil explicar al público que este dinero no puede ser utilizado en pagar salarios de los repartidores de domicilio, dado que no son empleados, y si en un hipotético caso llegaran a serlo, Rappi no tendría cómo pagar su nómina actual de 17.000 rappitenderos, pues esta empresa todavía opera a pérdida, con números rojos del orden de los 2.000 millones de pesos mensuales. Los fondos de inversión que ponen capital en estos emprendimientos están apostando al muy largo plazo. De hecho, Amazon, que hizo a Jeff Bezos el hombre más rico del mundo, operó a pérdida por más de una década, y Facebook solo comenzó a generar utilidades hace cinco o seis años.

Y desde el otro lado, ¿puede decirse seriamente que estos emprendimientos han aportado a las economías, cuando los ingresos que los ciudadanos obtiene de ellos son tan precarios? Un conductor de Uber, Didi o Beat apenas gana un poco más de lo que gana un taxista, y ambos están desprotegidos en cuanto a seguridad social. El problema se genera porque las altas tasas de desempleo modifican el perfil original que se pensaba tendrían los prestadores de servicio mediante plataformas tecnológicas. La idea de Travis Kalanick cuando fundó Uber era que la gente que posee un vehículo particular ganara un dinero extra trabajando en sus horas libres. Pero las diásporas y los migrantes encuentran en estos servicios la única opción de trabajo y la convierten en empleo de tiempo completo, del que se espera, naturalmente, una mínima protección social. Y esto ocurre no solo en Colombia con la migración venezolana, sino en Europa, con la migración africana, que protesta contra Deliveroo de la misma forma en que se protesta contra Rappi acá.

Con la formidable riqueza que suelen amasar los genios de la innovación digital y la alta valoración que logran estas empresas, es inaceptable para la opinión pública que los usaurios de dichas plataformas vivan desprotegidos y trabajen en condiciones tan duras.

Por el momento, el limbo jurídico y los conflictos de intereses van a generar protestas durante los próximos meses, hasta que se lleve a consideración del congreso una solución definitiva.

Publicado originalmente en revista SEMANA, edición 1941, julio de 2019

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