La pandemia de las facturas sin pagar

Millones de colombianos dejaron de abonar a las suscripciones de televisión, internet y servicios públicos. La caída del recaudo es tan alta que amenaza la supervivencia de las empresas que prestan estos servicios.

Por Álvaro Montes

Una nueva epidemia hizo sacar el trapo rojo a las empresas: la epidemia de la cartera vencida y de difícil cobro. Desde las poderosas compañías de telecomunicaciones hasta los jardines infantiles, la caída en el recaudo del mes de abril tiene en jaque a varios sectores de la economía que viven de las suscripciones mensuales.  La alcaldesa Claudia López envió una carta al ministerio de Tic informando que 22.894 hogares no pagaron las facturas de ETB y la caída del recaudo de la empresa de telecomunicaciones de la capital alcanza los 1.900 millones de pesos. En los arriendos la situación es delicada. Con corte al 20 de abril, un reporte de Fedelonjas informa que, de 30.000 contratos de arrendamiento de vivienda, no pagaron el canon el 41,4 por ciento, y en arriendos de locales comerciales, de una muestra de 9.700

Galé Mallo, presidenta de Asotic, que agrupa a los medianos y pequeños proveedores de cable e internet,

contratos, el 59,2 no fueron pagados. Es apenas la punta del iceberg, porque en Colombia las inmobiliarias solo intermedian una décima parte de los arrendamientos. En el caso de vivienda, el 92 por ciento de las 5,3 millones de familias que pagan alquiler lo hacen mediante contratos directos con los propietarios, en un mercado no formal concentrado en estratos 1, 2 y 3, del que no se tienen cifras ni monitoreo.

Camilo Sánchez, presidente de Andesco, el gremio de las empresas de servicios públicos calcula que la caída en el recaudo ronda cuando menos el 35 por ciento. Codensa reportó 20 por ciento de clientes que no pagaron sus facturas en abril, y  Emcali, la empresa de servicios públicos de la capital de Valle informó que el recaudo bajó al 80 por ciento, pero es casi seguro que se reducirá por lo menos al 60 por ciento al finalizar mayo, según estimaciones de Marino del Río, gerente de energía de la compañía. Las empresas son reticentes a mostrar sus cifras de cartera vencida, por temor a que cunda el mal ejemplo, pero la magnitud del problema es innegable.

Camilo Sánchez, presidente de Andesco, que agrupa a las empresas de servicios públicos.

Los proveedores de tamaño medio y pequeño de televisión por cable e internet piden ayuda a gritos. La cartera sin cobrar de las 22 empresas que pertenecen a Asoctic es del 60 por ciento, según confirmó Galé Mallol, presidenta del gremio. Los clientes de estas empresas son 700.000 hogares en territorios a donde no llegan los grandes operadores. Se trata de pymes sin el músculo para soportar otro mes como abril. Una hipotética quiebra de TV Islas, por ejemplo, que es el operador dominante en San Andrés y Providencia, dejaría al archipiélago prácticamente sin televisión ni internet, porque allá los operadores grandes tienen poca penetración.

El sector educación sufre el mismo mal y dentro de él quienes llevan la peor parte son los jardines infantiles, que no son obligatorios en el ciclo de educación formal y figuran en el menú de los primeros servicios que las familias en apuros deciden cortar.  Isabel Segovia, propietaria de Jardines Origami, una cadena de catorce jardines infantiles en Bogotá, Cali y Barranquilla cree que alrededor de la mitad de los matriculados no pagarán su mensualidad en mayo, según lo que ha podido conversar con los padres de familias. En abril las mensualidades sin pagar alcanzaron el 20 por ciento, a pesar del plan de descuentos que ella ofreció, con rebajas de más de la mitad de la tarifa. Y eso que los Jardines Origami reaccionaron con agilidad cuando llegó el anuncio de la cuarentena. El equipo docente preparó materiales educativos impresos, guías para los padres y lecciones de juegos, cantos y baile en video, para que los niños puedan seguir su formación en casa. Pero “El susto que está generando esta situación y la incertidumbre, llevan a que la gente tome medidas radicales rápidamente, aunque no tengan la crisis inmediatamente encima”, opina Isabel Segovia.

En el sector de las telecomunicaciones la situación es alarmante, también para los operadores grandes. En un país en el que el 80 por ciento de los usuarios pertenecen al segmento prepago, la tasa de recargas cayó vertiginosamente el mes pasado. La razón no radica solamente en el hecho de que la gente esté sin dinero, sino también en que el confinamiento impide las recargas callejeras. Una gran parte de los usuarios prepago son trabajadores informales que no pueden hacer pagos en línea en las páginas Web de los operadores porque no están bancarizados. Las tiendas físicas de Claro, Movistar y Tigo están cerradas y allí se movía una parte importante de las ventas diarias de los operadores.

Una gran parte de los usuarios prepago son trabajadores informales que no pueden hacer pagos en línea en las páginas Web de los operadores porque no están bancarizados.

Pero se equivocan quienes piensen que el problema afecta a las empresas que venden servicio a la población más pobre. Skynet, un proveedor de internet satelital, cuyos clientes pertenecen al sector corporativo y al gobierno, padece el mismo flagelo. Skynet lleva internet a las compañías petroleras y mineras en selvas y llanuras, y provee la conectividad de los barcos de la Armada Nacional y de hoteles en parques nacionales y lugares apartados. Casi el 10 por ciento de sus clientes en el sector petrolero canceló la suscripción y los demás pidieron renegociar las tarifas. En el sector de hidrocarburos se suspendieron los proyectos a la espera de mejores precios del petróleo, y la hotelería está detenida en todo el país, y es casi seguro que habrá una reducción de la demanda de este tipo de conexión, por sus costos. “Estamos enfocados en mantener el negocio y la planta de personal, para no afectar a los trabajadores, porque pensar en crecimiento es difícil ahora”, dice Diego Moreno, gerente de SkyNet.

La razón principal por la que millones de colombianos no pagan sus facturas en esta coyuntura es clara: la caída de ingresos o la incertidumbre acerca del futuro. Pero parece haber otras razones que contribuyeron a que la gente tomara la decisión de no pagar. Entre ellas, un entendimiento equivocado de los decretos del gobierno. Cuando el 18 de abril el Mintic declaró las telecomunicaciones como “servicio esencial”, y ordenó a los operadores garantizar un “mínimo vital” de comunicaciones, muchas personas creyeron que tenían vía libre para ignorar la factura. En realidad, el decreto ordenó que no se puede cortar el servicio de telefonía móvil y que se garantizan 200 mensajes de texto y acceso gratuito a algunos sitios web educativos desde los teléfonos móviles. También se quitó el IVA a los planes pospago de hasta dos UVT, un beneficio que sólo estará vigente mientras haya cuarentena. Pero el decreto no cubre el internet fijo domiciliario ni la televisión por cable. Algo similar podría ocurrir durante los meses de mayo y junio en el sector de servicios públicos. El decreto del gobierno establece que a quien no pague su factura en estos meses, le será diferido el valor en 24 cuotas durante los siguientes cobros.

“Esta industria ha hecho un esfuerzo en medio de la situación tan adversa y nos preocupa que se fomente una cultura del no pago”, afirma Samuel Hoyos, presidente de Asomóvil, el gremio de los grandes operadores. “Que sea un servicio esencial no quiere decir que sea gratis”, complementa.

No obstante, la mayoría de los líderes de los gremios desestima la idea de que exista una cultura del no pago entre los colombianos. “Es un mito urbano” dice Camilo Sánchez, presidente de Andesco, y cita el caso de la costa, en donde Electricaribe tiene gran cantidad de problemas financieros porque los usuarios no le pagan, y se debe a que prestaban mal servicio; pero simultáneamente, las facturas sin pagar en las empresas de gas, agua y telecomunicaciones en la costa no llegan al 4 por ciento. “Hemos descubierto que cuando el servicio es bueno, la gente paga”, afirma Sánchez.

Las empresas proponen una solución. Pidieron al gobierno del presidente Duque echar mano del Fontic, el fondo destinado a financiar la televisión pública y los proyectos de interés social, para subsidiar a los usuarios que no pueden pagar sus facturas. Incluso proponen reducir la carga tributaria actual del 2,2 por ciento al 1,6 por ciento. Hay que recordar que la Ley de modernización de las TIC aprobada hace un año redujo la carga tributaria del 5 al 2,2 por ciento. Las universidades pidieron acceso al crédito y los operadores medianos y pequeños ayuda con el pago de nóminas. Pero también hay iniciativas como la de Codensa, que creó la campaña “comparto mi energía”, para que quienes puedan apoyen el pago de facturas de familias vulnerables.

El arriendo de vivienda y locales es un negocio de 48 billones de pesos al año en Colombia. El sector TIC representa casi el 4 por ciento del PIB. Es evidente que se requiere algún tipo de intervención del gobierno para evitar el impacto de la crisis en estos sectores esenciales.

Publicado originalmente en revista SEMANA, edición 1984, mayo de 2020

 

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