Ley TIC: todavía hay cabos sueltos

Los operadores presentaron sus preocupaciones más urgentes sobre el futuro de la conectividad en el país.

La ley 1978, aprobada en julio pasado, era necesaria para mejorar el entorno de las TIC en Colombia, y despejó el camino para la ampliación de la cobertura y la conectividad. Pero quedan sin resolver, no obstante, muchos interrogantes que preocupan al sector privado. Así lo manifestaron los presidentes de las principales compañías operadoras de telecomunicaciones, reunidos en un conversatorio durante el congreso de tecnología Andicom, que se celebra en Cartagena.

El gobierno del presidente Duque tiene grandes expectativas en el proceso de asignación de espectro, que comenzó esta misma semana, y que permitirá a los operadores de telefonía móvil ampliar sensiblemente la cobertura de sus servicios. La Ley TIC estableció una forma nueva de licitación del espectro, orientada a garantizar que las empresas proponentes se comprometan a ayudar a cerrar la brecha de conectividad rural, en lugar de recaudar dinero para las arcas públicas.  MinTic espera que esta forma de licitación ayude a saldar la enorme deuda de conectividad que el país tiene con el sector rural.

“Tenemos un compromiso de rentabilidad con nuestros accionistas, y quisiéramos tener claridad de la fórmula y el precio mínimo para entrar en esa licitación”, dijo El presidente de Telefónica.

Pero las cosas, al parecer, no serán tan fáciles como el MinTIC las ha planeado. A los presidentes de las “telcos” (TigoUne, Internexa, Telefónica, Claro y ETB) les preocupa que los pliegos de la licitación para asignar espectro electromagnético no son todavía suficientemente claros. “Cómo participar en una subasta sin saber cuánto dinero llevar a ella?, pregunta el presidente de Telefónica, Fabián Hernández. En concreto, el gobierno asignará espectro electromagnético en la banda de 700 Megahertz a los proponentes que se comprometan a contribuir en el cierre de la brecha digital, llevando sus redes hasta la mayoría de los 11.000 lugares de la ruralidad colombiana que el gobierno quiere conectar con banda ancha.

“Ese cambio en el uso del espectro hacia beneficio social, hay que aterrizarlo muy bien, en términos de la inversión”, agregó Hernández. El negocio de las telecomunicaciones es intensivo en inversión de capital, y la ley permite otorgar licencias a veinte años, un plazo suficiente para estimular la inversión, pero los operadores quieren que la licitación proponga precios mínimos y valores a partir de los cuales formular propuestas. Extraoficialmente, ejecutivos de un operador móvil advirtieron que, en principio y sin haber realizado todavía los cálculos de costos exactos para estructurar sus propuestas, ven difícil de lograr la meta de cubrir 11.000 lugares rurales con inversión a cargo de los licitantes. La gran mayoría de esos sitios están lejos de los grandes nodos de conectividad, y no concentran suficientes pobladores para que operar redes de telecomunicaciones allí resulte sostenible como negocio.

“Tenemos un compromiso de rentabilidad con nuestros accionistas, y quisiéramos tener claridad de la fórmula y el precio mínimo para entrar en esa licitación”, dijo El presidente de Telefónica.

Otros temas que echan de menos en la ley los presidentes de los operadores de telecomunicaciones son: la regulación para las OTT, sus más fieros competidores, y la ruta para asignación de más espectro, porque el que va a asignarse a final del presente año será insuficiente. En Colombia está asignado sólo el 30 por ciento del espectro que debería estar en uso para la telecomunicaciones que el país necesita, según advirtieron. Ellos esperan licitaciones futuras en bandas más altas, como la de 3.500 Megahertz y otras, que serán necesarias cuando se desplieguen las redes 5G.

Ernesto Pardo, gerente de Internexa, compañía del Grupo ISA que presta servicios de infraestructura a los operadores móviles, agregó a la lista de preocupaciones la necesidad de complementar las inversiones en redes con proyectos de contenidos, que hagan sostenible en el tiempo tales inversiones. En el país ha ocurrido muchas veces que se lleva conectividad a zonas urbanas y rurales, pero no se realiza un uso productivo de ese acceso a Internet y se desperdicia la infraestructura instalada. Su siguiente preocupación es la seguridad digital, que no ha sido abordada hasta el momento. “Si todo va a estar conectado, debemos empezar a revisar qué hacemos con la ciberseguridad y cómo brindaremos garantías”, dijo Pardo.

Colombia afronta el reto de mejorar su conectividad de banda ancha, una de las metas más importantes del gobierno y que la ministra de TIC, Sylvia Constaín, ha asumido con la mayor dedicación. La meta es conectar con verdadera banda ancha a 11.000 lugares rurales, mediante el proyecto de acceso universal sostenible del MinTic. En diciembre próximo habrá 1.000 centro poblados que gozarán de soluciones de acceso público a Internet, disponibles para todos sus habitantes las 24 horas del día, gratis y desde cualquier dispositivo, según explicó el viceministro de TIC Iván Mantilla. 10.000 lugares más en la segunda fase. La Ley TIC asegura la sostenibilidad de estos servicios rurales gratuitos y de gran calidad durante al menos diez años.

 

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